Es muy grato para mí participar en este acto en que se conmemoran 32 años de la suscripción del Acuerdo de Cartagena, que dio inicio a un proceso que guarda concordancia con la antigua y permanente vocación integracionista del Perú, y de la que no puede ni podrá renegar jamás sin renunciar a su más genuina matriz histórica y cultural.

“El Perú incaico –ha dicho Raúl Porras Barrenechea– llevó su lengua, su organización social, los adelantos de su técnica a las más remotas regiones; civilizó Quito, Charcas y el norte argentino. El Perú hispánico del siglo XVI –añade el historiador– asumió esa misma tarea coordinadora del espíritu y es acaso por eso que las grandes expediciones del siglo XVI de esta parte del continente –la de Chile, las del Río de la Plata, la del Amazonas– partieron del Cusco, la más vieja urbe del continente sudamericano”. Del Cusco también partía el Qhapacñan –el gran camino del Inca– que, a través de una gigantesca red de 23 mil kilómetros, articulaba y vincula aún físicamente ahora a Ecuador, al Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina, y que cuando lo rehabilitemos será, como en el pasado, el camino de la solidaridad y de la unión fraterna entre nuestros pueblos.

Cuando, en 1966, el presidente Fernando Belaunde Terry comprometió en Bogotá la participación del Perú en el proceso integrador que vivimos, honró esa vieja vocación y reanudó una ya larga tradición diplomática de la República, que se expresó en los Congresos Americanos de 1847 y 1868. Confirmó así, también, su decisión temprana, expresada en 1826 en el Congreso Anfictiónico de Panamá –que Bolívar convocó desde Lima– con el concurso del Tribuno de la República, José Faustino Sánchez Carrión, a la sazón secretario del Libertador. Y esta vieja ilusión integradora fue seguida en el curso de la República por diferentes líderes y caudillos populares del Perú, que sintieron la necesidad de estrechar lazos con los demás pueblos de la América para vencer el subdesarrollo.

En 1966, un nuevo signo, sin embargo, animaba el renaciente empeño. No se trataba ya de preservar la hegemonía de una cultura ancestral o la independencia republicana frente a la amenaza de las potencias imperiales y europeas, sino de asegurar el desarrollo integral de nuestros pueblos, de preservar su identidad histórica y cultural y, naturalmente, su presencia en el concierto universal de las naciones.

La transnacionalización de las economías, la revolución científica y tecnológica nos enfrentan ahora a la globalización que implica una enorme posibilidad, pero entraña asimismo un enorme riesgo. Constituye, por ello mismo, un nuevo y diferente desafío para nuestros pueblos, en el plano económico, y también en la esfera de nuestras culturas e identidades nacionales y regionales. Hay, pues, un reto que es preciso enfrentar y que el Perú jamás rehuirá. Por ello mismo, contribuirá a consolidar y profundizar todos los empeños, hasta aquí llevados a cabo, sin perder de vista el nuevo horizonte que la coyuntura impone al proceso.

El sueño del mercado común exige el logro de la libre circulación de servicios, capitales y personas, siguiendo la huella de la libre circulación de bienes que ahora ya se logró. Consecuente con esa convicción, el Gobierno de transición ha introducido un nuevo nivel arancelario para insumos, partes y piezas que aproxima el arancel peruano a la estructura del arancel comunitario existente, lo que facilitará alcanzar la unión aduanera andina a corto plazo. Está decidido, desde luego, a convenir las normas y medidas para lograr los otros objetivos en los plazos convenidos.

La integración –como lo ha recordado muy bien usted, señor secretario general– no es sólo una empresa económica. Es preciso fortalecer la presencia y la proyección externa de la Comunidad Andina como reflejo y expresión de la unión y solidaridad del destino de nuestros pueblos. El diseño de una política exterior común, como fruto del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, puede y debe ser el instrumento eficaz para ese fundamental propósito. Naturalmente, sobre la base de estados de derecho que garanticen siempre la estabilidad y continuidad de las políticas de Estado y de gobiernos irrevocablemente comprometidos con el respeto de la libertad y de los derechos de sus pueblos, según lo establece precisamente el Compromiso de la Comunidad Andina por la democracia. En ese contexto, una Carta Democrática que, a iniciativa del Perú, probablemente sea adoptada en la próxima asamblea de la OEA, dará a la comunidad hemisférica y, por cierto, a la Comunidad Andina, un solo rostro y un nuevo soporte jurídico y político para proseguir en el empeño seguido hasta el día de hoy. En ese clima, lograremos algunos de los propósitos que comprometieron el esfuerzo de nuestros pueblos, en estrategias específicas como, por ejemplo, las de la lucha contra la droga y los delitos comunes, y, ciertamente, en otras esferas y actividades, puesto que la defensa de los derechos humanos implica necesariamente la lucha contra quienes agreden el desarrollo integral de la persona humana.

La integración, que es, fundamentalmente, un proceso político, según se ha recordado bien, debe asociar activa y dinámicamente a nuestros pueblos y no sólo a empresarios y funcionarios. Acontece con ella lo que ocurre con nuestras democracias. Nuestros pueblos no quieren ya democracias gobernadas, enfeudadas al arbitrio y discreción de sus representantes. Anhelan democracias gobernantes, esto es, abiertas a la participación permanente del pueblo por la vía de la concertación, el diálogo y el consenso. La integración, en ese sentido, debe encarnar como el sentimiento democrático, en la matriz cultural de nuestras sociedades y convertirse en necesidad y aspiración profundamente sentida. Es perentoria, pues, una activa prédica ideológica y política que gane conciencias y voluntades.

Pero, como la democracia, la integración puede implicar también una forma de vida. Por ello, debe materializarse en un proyecto sugestivo de vida en común que enfrente eficazmente los problemas que aquejan a las grandes mayorías de nuestros pueblos. Un proyecto que dé prioridad, en efecto, y luche decididamente contra la pobreza, que reconozca que la verdadera igualdad en la era del conocimiento no consiste ya sólo en una justa distribución del tener, sino, sobre todo, en una justa distribución del saber, en una verdadera defensa de la vida humana, que preserve la salud y los derechos previsionales de todos; y, desde luego, en la creación de oportunidades de empleo que conviertan a nuestras naciones en hogares, donde todos sus hijos puedan realizarse dignamente por obra de su trabajo.

El Perú acaba de crear el Consejo Nacional de Desarrollo Fronterizo, que pretende materializar la aspiración de lograr políticas de integración y desarrollo fronterizo viables y eficaces en respuesta no sólo al compromiso andino, sino al impulso de instituciones como las universidades y municipalidades fronterizas que, adelantándose a la política oficial de nuestros Estados, han puesto en marcha acciones y programas que movilizan a las poblaciones en torno de proyectos comunes, sin hallar en todos los casos la cooperación de los órganos a los que compete su dirección y orientación.

Allí tenemos una tarea de búsqueda imaginativa de mecanismos e instrumentos para dar cauce a ese impulso autonómico que ha sido el gran motor de la integración económica y social de Europa.

La globalización impone la necesidad de reconocer que la integración es un proceso abierto al viejo sueño de integración sudamericano, que permite el libre comercio entre el Mercosur y la Comunidad Andina, la incorporación, en términos justos y equilibrados, en el Area de Libre Comercio de las Américas y, eventualmente, establecer un acuerdo de asociación con la Unión Europea que signifique, también, libre comercio y un mayor flujo de inversiones.

El cuadro institucional de la Comunidad Andina asegura, ciertamente, una apropiada participación y conducción del proceso. Sin embargo, ninguna garantía es más sólida que el pleno imperio de la democracia y del estado de derecho. Este último brinda precisamente estabilidad y seguridad a nuestras instituciones y sociedades, y confianza en las reglas de juego y en el proceso de integración a sus socios comerciales y a los inversionistas extranjeros. En ese sentido, cobra la mayor importancia garantizar el cumplimiento de las decisiones de todos los órganos de la Comunidad y, en especial, de los fallos del Tribunal Andino, ya que sólo así se fortalecerá la cooperación entre los países con el pleno respaldo del ordenamiento jurídico comunitario.

He aquí, pues, un conjunto de tareas que implican una suerte de mandatos incitantes y sugestivos para el futuro, que ahora podemos ver con optimismo y fe, si contemplamos además el camino recorrido y que nos ha descrito tan bien el señor secretario general, en sus rasgos fundamentales. En efecto, se ha creado un espacio que empieza a tener significado en la economía y en el comercio de nuestros países, y que ofrece condiciones e impone la necesidad de proyectarse en todas las esferas de la vida de nuestros pueblos. Por todo esto, mirando el pasado reciente y oteando las líneas del horizonte, convencidos de nuestra voluntad y decisión integracionistas, y como una apuesta realista de porvenir, podemos expresar nuestra fe y determinación de proseguir con el empeño usando para ello las palabras del historiador:

“Y a pesar de todos los esfuerzos, una inmensa tarea por realizar”.

“Y a pesar de todas las realizaciones, una bella promesa aún no cumplida”, y que tenemos que alcanzar.

Lima, 28 de mayo de 2001

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